Las Audiencias certifican el engaño de Banco Popular a los ahorradores

Las condenas a Banco Popular por engañar a sus clientes para captar su dinero en la ampliación de capital de 2016, en la que recaudó 2.500 millones de euros, buena parte de ellos aportados por ahorradores y pequeños inversores, han comenzado a subir de nivel: varias audiencias provinciales han comenzado a ratificar las condenas y a revocar las absoluciones a la entidad financiera que han ido dictando los juzgados de Primera Instancia, que están dando la razón a los afectados de manera, si no unánime, ampliamente mayoritaria y obligando a devolverles sus inversiones, con intereses y costas.

Al menos cuatro audiencias, las de Oviedo, Bilbao, Cáceres y Vitoria, han ratificado la existencia de un engaño a los inversores, a lo que se suma que otra, como la de Girona, haya abierto la puerta a reclamar el dinero que perdieron los ahorradores que invirtieron en productos financieros complejos como deuda subordinada, cuyo valor se volatilizó con la ‘resolución’ del capital del banco y su venta al Santander por un euro al año siguiente, lo que supuso la volatilización de acciones e instrumentos de capital con un valor nominal superior a los 4.000 millones de euros.

En Oviedo, donde fue condenado a devolver a una ahorradora los 12.301 euros que le costaron las 9.841 acciones que compró en junio de 2016, el banco alegó que en la ampliación de capital no existió “falsedad contable alguna y que, en definitiva, fueron las circunstancias sucedidas con posterioridad las que provocaron la falta de liquidez, al haberse producido una fuga de capitales al haberse decidido su intervención por la JUR” (Junta Única de Resolución).

Los magistrados asturianos, sin embargo, no comparten el criterio de la entidad financiera. Recogen que la “nota de las acciones” apuntaba a la posibilidad de cerrar el ejercicio con “pérdidas contables en el entorno de los 2.000 millones de euros”, lo que puede interpretarse como una advertencia de riesgo.

“La situación real financiera del Banco Popular que desembocó en su intervención venía orquestándose con bastante antelación y no se debió a circunstancias sobrevenidas”, señala la sentencia, que concluye que la entidad “no cumplió con el deber de información de modo claro, real y completo de su situación económica” al inversor, que compró las acciones bajo “un error determinante de la anulabilidad del negocio, al partir de una composición inexacta del objeto del contrato”.

En la misma línea se pronuncian los jueces de Bilbao, que señalan que “la situación patrimonial de Banco Popular en el momento en que se emiten las acciones que representan la ampliación de capital no es la que proclamaban las cuentas auditadas por PriceWaterhouseCooper” y que fueron “publicitadas en el folleto informativo”.

“Porque si fueran ciertas, la incorporación de capital que propicia la ampliación de junio no daría lugar al volumen de pérdidas del ejercicio 2016”, indica la sentencia, que considera que “otro indicio que apunta a la incorrección de las cuentas que sirvieron para publicitar la oferta pública de suscripción de acciones del Banco Popular” es el “ofrecimiento” de Banco Santander a los antiguos accionistas para intentar desactivar demandas mediante los llamados bonos de fidelización.

La Audiencia de Cáceres se pronuncia en términos similares. “De haber sido informados de la verdadera situación financiera del Banco Popular, que venía padeciendo muchos años antes de la ampliación de capital de 2016, en modo alguno hubieran acudido a dicha ampliación de capital”, señala la sentencia.

Paralelamente, la Audiencia de Girona ha abierto una puerta a nuevas reclamaciones al avalar la condena a Banco Popular a indemnizar a una pareja de ahorradores que adquirieron 30.000 euros de deuda subordinada sin saber en qué consistía ese producto financiero y que vieron cómo en unas horas, su dinero se convertía en acciones para volatilizarse de manera inmediata.

Paralelamente, los juzgados de Primera Instancia de distintas ciudades del país siguen emitiendo fallos favorables a los pequeños accionistas, como han hecho recientemente los de Primera Instancia números 35 y 49 de Barcelona.

El primero de ellos, que se refiere al precio de venta al Santander como “un mísero euro”, concluye que “la información que se recogía en el folleto no venía ajustada a la realidad y que ello conllevó que la parte demandante tuviera una representación ciertamente equivocada de su inversión y de la situación patrimonial y financiera, y de la capacidad de obtención de beneficios de Banco Popular y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión”.

“Es evidente que ha habido falta de información veraz, ya que la entidad hizo constar en la publicidad de la ampliación de capital una situación financiera que no era real, lo que quedó demostrado con la necesidad de revisar las cuentas (abril de 2017), cuando todavía no hacía un año de la ampliación de capital, y con la intervención”, refuerza el segundo.

La cascada de sentencias condenatorias al Banco Popular por engañar a sus inversores en la ampliación de capital de 2016 se está produciendo en la jurisdicción civil, aunque muchas de ellas serán aportadas como prueba documental al proceso que instruye la Audiencia Nacional, en el que se trata de aclarar si esos engaños son merecedores de una condena penal para los responsables del banco cuando tuvieron lugar la ampliación de capital y el día de la resolución, cuando lo presidían, respectivamente, Ángel Ron y Emilio Saracho.

Fuente: PUBLICO.ES