La salida a bolsa de bankia se puede enfrentar a una lluvia de demandas

Tras desvelarse el informe pericial del caso Bankia, los expertos jurídicos apuntan que previsiblemente habrá un aluvión de reclamaciones por gran parte de los 300.000 inversores.

Los abogados evidencian que tras la óptica penal, «la claridad y contundencia del informe de los peritos del Banco de España da un nuevo impulso procesal a la instrucción del caso Bankia». El informe «refuerza la tesis de que Rodrigo Rato y el resto de administradores y directivos de Bankia cometieron presuntamente en la salida a Bolsa de Bankia los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas».

 Los juristas creen que se abren tres posibles frentes a realizar por los afectados en la salida a Bolsa: reclamaciones penales, mediante personación en las actuaciones ante la Audiencia Nacional; expedientes administrativos (CNMV, BDE) y reclamaciones civiles.

Los expertos explican que las acciones civiles que los perjudicados podrían ejercitar a partir de este momento podrían ser «la acción de responsabilidad por falsedad del folleto –derivada de artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores–, el dolo o la acción de resarcimiento por incumplimiento de obligaciones».

Asímismo, ayer se conoció que la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el derecho de un demandante a reclamar a Bankia por supuesto engaño en la información facilitada en la salida a Bolsa, antes de que se resuelva el procedimiento que investiga la Audiencia Nacional. Bankia había solicitado la paralización de estas demandas hasta que hubiera una sentencia en firme en la calle de Prim, pero el tribunal valenciano cree que no es necesario ese pronunciamiento para apreciar engaño y abre así la puerta a que los accionistas reclamen por vía civil la devolución de lo aportado.

Otro juzgado, el de primera instancia de A Coruña, ha condenado a Bankia a devolver 430.000 euros a un particular afectado por participaciones preferentes. Y esta misma semana se ha conocido que un juzgado de A Coruña condenó a NCG Banco y al Frob a devolver 8,5 millones de euros a Manuel Jove y a otros cuatro inversores por considerar que existió mala fe y se ocultó información.